lunes, 27 de abril de 2009

MIRA LA PAJA EN EL OJO AJENO Y NO VE LA VIGA EN EL PROPIO

Con bastante sorpresa debe haber reaccionado cada persona que tuvo acceso al cuerpo de Reportajes de El Mercurio este pasado domingo 27 de abril .Y sí, pues en las páginas centrales del "decano" se mostraba una nota tendenciosa y sin un responsable directo de haberla escrito, y donde se deja de manifiesto la "supuesta" parcialidad del Poder Judicial venezolano para con los procesos que tengan directa relación con el gobierno caraqueño y con sus partidarios, y, por ende, la "titanica lucha" -según El Mercurio- que deben de realizar los detractores de Hugo Chávez en sus tribunales , poniendo como ejemplo de lo que pudo escapar Manuel Rosales, alcalde de Maracaibo y el opositor más fuerte el Gobierno Bolivariano.

Ahí, "El Mercurio" afirma abiertamente, y basandose en estudios de la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF), que "la independencia de la justicia en Venezuela es inexistente. Si la decisión no le gusta (al Ejecutivo) este (el magistrado) es destituido rápidamente o se revoca su designación".De este mismo modo, el periódico argumenta que en uno de los "famosos" casos que pudo recabar la DPLF, la justicia caraqueña condenó a 30 años a un grupo de 8 policías que, durante el Golpe de Estado contra Hugo Chávez, ocurrido el 11 de abril de 2002, disparó en contra de un grupo de manifestantes que adherían al gobierno que se intentaba deponer. Aquí, el matutino dirigido por Cristián Zegers, arguye como factor determinante para la sanción, el hecho de que la magistrado que dictaminó la sentencia, Marjorie Calderón Guerrero, es esposa de un dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), conglomerado al cual pertenece Chávez, y situación que daría pie a que el fallo estuviese influenciado, dejando de lado la impecable hoja de vida de la jurista y obviando su excelente curriculum. (
http://falcon.tsj.gov.ve/jueces.asp?juez=158&id=004&id2=)


Sin embargo, esta situación no es nueva en el matutino. Conocidas son sus campañas en contra de todo aquel gobierno, grupo político o líder que manifieste ideas más progresistas. Es común encontrar notas, reportajes y opiniones en contra de Fidel Castro, Evo Morales, la izquierda chilena y, como en este caso, de Hugo Chávez, por nombrar algunos, donde el matutino no escatima en gastos ni hojas del periódico para darle tribuna a notas tendenciosas y voz a críticos y contrarios a dichos personajes.

Finalmente, hay que recordarle a los señores de El Mercurio que la justicia que ellos defienden, tampoco la encontramos en nuestro país y JAMÁS hemos leído una sóla línea criticando la parcialidad, la demora y la inocua impartición de justicia que se hace en Chile. Para muestra un botón:

En la misma página de la Fundación Para el Debido Proceso Legal (DPLF), existe un informe hecho por dicha institución donde se deja de manifiesto lo poco eficaz de la justicia chilena para procesar a los violadores de derechos humanos, además de criticar lo simple de las sentencias:
En Chile hay un total de 3.195 víctimas reconocidas por las comisiones oficiales.En este momento existen 348 procesos judiciales que se refieren a 1.181 víctimas . Al 31 de octubre del 2007, 602 agentes del Estado de todas las ramas se encontraban procesados, 178 ya condenados; y sólo 36 de ellos cumpliendo una pena de cárcel. El resto o la cumplió o ha recibido beneficios carcelarios como la libertad vigilada, además de estar en cárceles 5 estrellas, dentro de recintos militares y con una serie de comodidades que ningún reo común las tendría. Finalmente, sólo un procesado se encuentra cumpliendo una sentencia de cadena perpetua.


Esto significa que del total de violadores de derechos humanos procesados por la justicia (602) que defiende El Mercurio, sólo un 29% ha sido sentenciado (178) y de ese 29%, tan sólo un 5% (36) está cumpliendo verdaderamente la pena de cárcel, si es que a los lugares donde están recluídos se les puede llamar cárcel.


Para concluir, aclararle al "decano" que la justicia de la que escapó Manuel Rosales, acusa al ex líder opositor venezolano de enriquecimiento ilícito durante su mandato como ex Gobernador de Zulia y Alcalde de Maracaibo, incrementando desproporcionadamente, en relación con sus ingresos, su patrimonio personal, además de no poder justificar dicho aumento.
Finalmente, Rosales fue imputado el 11 de diciembre de 2008 por entregar 31 millones de dólares a la empresa RT International Group, por evasión fiscal en la lotería por un monto de 19 millones bolívares (8,8 millones de dólares) y por la donación de un vehículo del estado, entre otras irregularidades administrativas.
















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